Escrito el Febrer 2022 en la categoría General
La ley 11/2020 “de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda” nació para revolucionar el mercado de alquiler de aquellos municipios que, por el aumento desmesurado de los precios de alquiler, se consideran de “mercado tenso”. Me cuento entre los que creía que había que hacer algo para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a determinados colectivos (especialmente en el Área Metropolitana), pero diecisiete meses después de su aplicación, justo es decir que esta ley no ha cumplido con los pronósticos de los legisladores ni las buenas intenciones con que fue dictada; ni en el fondo, ni en la forma de ejecutarla.
Si la finalidad de esta ley, aprobada en el Parlament con los votos a favor de JxCat, ERC, CatECP y la CUP, era la de ganar un puñado de votos, aprobar los presupuestos, tener algún tipo de compensación en otra negociación política o parecer algo más progresistas y de izquierdas de lo que realmente son, supongo, que lo habrán conseguido. ¡Enhorabuena!
Los precios han bajado, sí, cierto, pero también lo han hecho en otros territorios del Estado donde no disponen de una ley de contención de rentas. Desconozco si el factor determinante para esta ligera contención de los precios ha sido la aplicación de la ley o si es una cuestión estructural y general del mercado inmobiliario. Pero lo evidente es que esta ley no nació con el fin de rebajar los precios de los alquileres, sino facilitar el acceso a la vivienda a una bolsa de población que no tenían el acceso fácil. El establecimiento de un precio máximo era la herramienta de los legisladores para intentar conseguirlo.
Así pues, si la finalidad última de la ley era que la gente con unos recursos económicos limitados tuviera acceso a una vivienda de alquiler, el fracaso de la ley es estrepitoso; cuando menos, en Tarragona. Lejos de conseguirlo, lo que han hecho es alejar, todavía más, a determinados sectores de población del mercado inmobiliario, poniéndolos más difícil optar en un piso de alquiler.
La búsqueda de vivienda de alquiler en Tarragona es pesada y desalentadora. Los propietarios que continúan manteniendo sus pisos en el mercado de alquiler, a pesar de verse obligados a bajar los precios, continúan siendo tanto o más exigentes a la hora de escoger a sus inquilinos. Que los precios sean más bajos no significa que tengan que rebajar sus expectativas de encontrar un buen arrendatario que le aporte garantías, solvencia y seguridad.
Así, los candidatos a inquilinos con buenos trabajos, contratos estables, ingresos altos o buenas referencias continúan consiguiendo pisos de alquiler, pero a precios más bajos que antes de la ley; mientras que aquellos aspirantes con rentas más limitadas, aquellos que más sufren, a pesar de que los precios son más accesibles, dado que no tienen suficientes garantías, continúan quedando excluidos del mercado y de la posibilidad de alquilar una vivienda digna. En este sentido, los jóvenes que buscan emanciparse y encontrar su primer hogar, son, junto con los extranjeros, los colectivos más vulnerables. Podríamos decir que la ley favorece a los trabajadores con rentas altas y más recursos.
En Tarragona, además, esta ley ha hecho disminuir notablemente la oferta de pisos, convirtiendo la busca de vivienda para alquilar en una auténtica odisea. La falta de oferta es alarmante. En mi experiencia al frente de una agencia inmobiliaria de larga tradición, creo que esta disminución de la oferta de viviendas de alquiler es debida a dos factores:
Por un lado, muchos propietarios han decidido alquilar sus viviendas con contratos denominados “de temporada” (excluidos de la ley y, por lo tanto, manteniendo los precios “de mercado”). Estas viviendas no son accesibles a los tarraconenses, puesto que uno de los condicionantes de este tipo de contrato es no estar empadronados en la ciudad.
Y, por otro lado, hay que ser consciente que no pocos propietarios han retirado sus pisos de la bolsa de alquiler, dado que no les salen los números si los tienen que alquilar por la renta que les marca el Índice de Referencia como precio máximo de alquiler. Muchos de estos pisos permanecen cerrados esperando una sentencia del Tribunal Constitucional que los libere de establecer un precio máximo por debajo de sus expectativas o necesidades y muchos otros han pasado al mercado de venta.
Consiguientemente, la ley 11/2020, lejos de solucionar el problema de la vivienda de alquiler a Tarragona, lo ha agravado. Habrá que esperar a ver qué sentencia el Tribunal Constitucional sobre la legalidad, o no, de limitar el precio máximo que un propietario puede alquilar su propiedad privada. Mientras, nuestros jóvenes y los sectores menos favorecidos continúan siendo víctimas de la falta de vivienda pública en nuestra ciudad.
Las instituciones, especialmente las más próximas a los ciudadanos, tienen que escuchar a los profesionales del sector inmobiliario, reflexionar y analizar el resultado estos primeros diecisiete meses de aplicación de la ley a Tarragona y el impacto que se ha producido. Hay que sacar conclusiones y actuar en consecuencia.
Joan Boronat i Barrera
Agente Inmobiliario.
Tercera generación en el frente de Finques Boronat.
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